- La patronal señala que las reivindicaciones anunciadas son lesivas para los intereses de los trabajadores y de las empresas, especialmente en un contexto económico inestable
- Foment considera especialmente inoportuno alterar la normalidad económica y social en plena convocatoria electoral
- La organización empresarial analizará el encaje jurídico de la huelga cuando disponga de la convocatoria formal
Foment del Treball considera incomprensible que se pretenda convertir a las empresas, los trabajadores y el conjunto de la actividad económica en víctimas de una huelga general planteada como medida de presión para provocar cambios legislativos en materia de vivienda y, por tanto, ajenos al mundo laboral. La patronal catalana se alinea con la postura expresada por CEOE en este mismo sentido.
La patronal catalana considera que las reivindicaciones planteadas tienen como destinatarios al Gobierno y a los grupos parlamentarios, dado que son las administraciones y el poder legislativo los que tienen las competencias para impulsar los cambios reclamados. Por este motivo, Foment rechaza que se traslade a las empresas y a sus trabajadores el coste económico y social de una medida de presión que no tiene en el ámbito empresarial a su destinatario.
La patronal considera esta iniciativa aún más inoportuna en el actual contexto de incertidumbre internacional, marcado por los conflictos geopolíticos y por un entorno especialmente exigente para la competitividad y la actividad empresarial. La creciente inflación, el aumento de los costes en general, y de los energéticos en particular, así como el desconcierto en diferentes ámbitos, no permiten prever certezas. Añadir nuevas disrupciones a la economía no contribuye a generar la estabilidad y la confianza que necesitan empresas y ciudadanos.
En cualquier caso, Foment considera prematuro hacer en estos momentos una valoración jurídica de la huelga, ya que todavía no se ha recibido la convocatoria formal. Cuando esta se produzca, la organización analizará sus objetivos y ámbito, el cumplimiento de los requisitos legales y su encaje jurídico, siempre desde la defensa de la seguridad jurídica y del normal funcionamiento de las empresas.
Foment también considera sorprendente que se pretenda alterar la normalidad económica y social cuando la ciudadanía acaba de ser convocada a las urnas. Un proceso electoral requiere reflexión, serenidad y respeto por los mecanismos propios de una sociedad democrática.
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