Sin empresas no hay desarrollo, no hay empleo, no hay futuro. La productividad catalana se encuentra estancada desde hace décadas, y este lastre dificulta el crecimiento de la renta per cápita y del bienestar colectivo.

Según datos del Informe de Competitividad Regional (2022), la productividad por ocupado en Cataluña es de 74.359 euros, 24 euros por debajo de la media de la UE. Cataluña está ligeramente por debajo de la media comunitaria, y su productividad crece más lentamente que la media estatal: un aumento del 4,3 % en Cataluña frente al 7,9 % en España, lo que implica una pérdida relativa en términos comparados.

Según el INE, la productividad por hora trabajada en Cataluña se mantiene sistemáticamente por debajo de la media europea, y esta brecha limita la capacidad de generar salarios más altos y atraer inversión.

En un contexto global de endurecimiento rápido de la política monetaria y, junto con la incertidumbre y la dependencia energética europea, es imprescindible trabajar para seguir mejorando la competitividad de la economía y abordar una cuestión clave y estructural como es el bajo crecimiento de la productividad, que dificulta el incremento de la renta per cápita y la mejora del bienestar de nuestros ciudadanos. También cabe destacar la relevancia de los Fondos Next Generation, dado que representan una oportunidad única para la recuperación y la transformación de la economía.

Cataluña se enfrenta a retos que trascienden los ciclos económicos: un sistema fiscal poco competitivo, déficits estructurales en infraestructuras, rigideces en el mercado de la vivienda, una administración pesada y un mercado laboral con altos niveles de absentismo y desajustes entre vacantes y personas desempleadas.

Al mismo tiempo, la transición energética y digital plantea una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. Un elemento transversal es la preocupación por la falta de seguridad jurídica y de continuidad normativa que no permite la previsibilidad necesaria.

Foment del Treball considera que es necesario señalar los retos que tiene por delante la economía catalana y, al mismo tiempo, actuar con urgencia. Por eso, la patronal presenta un plan de acción con el objetivo de revertir este círculo vicioso, estableciendo un marco de acciones que permita más productividad y, por tanto, mejores salarios, más cohesión social, y también más rendimiento y más emprendimiento.

La productividad no debe basarse en bajos costes laborales sino en valor añadido. Por ello, es necesario vincular productividad con salarios dignos y reducir las desigualdades, fomentando una economía inclusiva y territorialmente equilibrada.

Foment ya hace tiempo que advierte que el bajo crecimiento de la productividad era el principal obstáculo para mejorar la renta per cápita y el bienestar de los ciudadanos. La situación no solo se ha mantenido, sino que se ha agravado con la desaceleración económica europea, el endurecimiento de la política monetaria al inicio de esta década y la incertidumbre global que provoca que los países europeos prioricen su autonomía en relación con el resto del mundo.

Este plan da continuidad a todas las propuestas que Foment del Treball ha aportado a la sociedad catalana y a las diferentes administraciones públicas. Foment se ha comprometido siempre que ha sido necesario con una fiscalidad más competitiva, inversión en infraestructuras, apoyo a la innovación y mejora del capital humano.

Este es el Plan para la Competitividad y Productividad para lograr un futuro productivo, competitivo y de bienestar

1. Fiscalidad más competitiva

Supresión del impuesto sobre el patrimonio, reducción de los marginales del IRPF y deflactación de la tarifa, tope máximo del 5% en sucesiones y donaciones con bonificaciones por parte de las comunidades autónomas, supresión del impuesto extraordinario a la banca, supresión del impuesto a la generación de energía eléctrica (IVPEE) del 7% –que en Europa únicamente se aplica en España–, reducción del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y recuperación de la libertad de amortización para estimular inversiones productivas. También hay que tener en cuenta deducciones a planes de pensiones sin penalizar el rescate.

Asimismo, elevar a 2 millones de euros el umbral de exención del IAE y permitir que quienes no estén exentos lo deduzcan íntegramente en el Impuesto de Sociedades.

Habría que insistir en la revisión y reducción de los impuestos propios de la Generalitat. Es necesario reducir la presión fiscal sobre la actividad turística como, por ejemplo, evitando una nueva subida del impuesto turístico y del recargo municipal.

Y es necesario hacer una revisión del actual sistema de cotización de autónomos que penaliza a esta figura y es de gran complejidad. Estas medidas no buscan reducir recursos públicos, sino incentivar la actividad económica y ampliar así la base tributaria.

2. Vivienda asequible

El acceso a la vivienda debería favorecer la cohesión social. Es un ámbito en el que es importante contar con seguridad jurídica y una racionalización normativa. Durante los últimos 15 años, se han registrado un total de 47 cambios normativos en este sector.

Propuestas: eliminación de la reserva del 30 %, incentivos fiscales y de financiación para la compra, rehabilitación y alquiler asequible, incremento de la vivienda de promoción pública, licitando proyectos a constructores privados, y establecimiento de un pacto público-privado para movilizar suelo protegido.

3. Infraestructuras estratégicas

El déficit inversor en infraestructuras de todas las administraciones públicas, que sobrepasa los 42.500 millones de euros, es una amenaza directa a la competitividad. Para no incrementar el déficit actual, sería necesario invertir 5.500 millones de euros por año. Es preciso activar pactos y políticas para favorecer la movilidad en todo el territorio.

Foment ha publicado el índice CAT-100 en el que sistemáticamente se destacan las prioridades básicas, entre las cuales figuran: mejora urgente de Rodalies y de su gestión, ampliación del aeropuerto de Barcelona, impulso al Corredor Mediterráneo, terminal intermodal de Lleida, conexión ferroviaria con el aeropuerto de Girona, finalizar el Cuarto Cinturón. También hay que considerar proyectos tractores como el Hard Rock en el Camp de Tarragona o la Ryder Cup en la provincia de Girona como estratégicos y necesarios.

4. Energía y sostenibilidad

Cataluña necesita un modelo energético robusto. Es necesario saber incrementar la implantación de energías renovables con sostenibilidad y el mantenimiento del sistema energético. Además, no se debe olvidar el problema de la gestión hídrica que tiene Cataluña y que las sequías cíclicas nos recuerdan.

Medidas: alargar el ciclo productivo de las centrales nucleares hasta que existan alternativas fiables, acelerar la implantación de renovables eliminando trabas burocráticas, mejorar la gestión del agua y ejecutar las infraestructuras previstas en la Ley 9/2023, e integrar inversión en sostenibilidad con políticas de competitividad industrial.

5. Mercado laboral y absentismo

Es urgente mejorar los mecanismos de intermediación en el empleo y disponer de políticas activas sólidas e integrales. Foment del Treball defiende dar un mayor impulso a la negociación colectiva y seguir avanzando en medidas de flexibilidad, mejorar la simplificación contractual, reducir las cotizaciones sociales, disminuir el creciente absentismo laboral y reforzar la adecuación de la formación y la recualificación de los trabajadores a las necesidades empresariales.

Concretamente, el absentismo es una de las principales amenazas para la productividad. Se ha duplicado en una década y ya supera las 7,5 horas mensuales no trabajadas por empleado. A nivel español, el absentismo tiene un coste de 37.000 millones de euros anuales, un 3,1 % del PIB nacional.

Hay que insistir en la negociación colectiva y, por tanto, Foment rechaza la imposición por ley de la jornada laboral de 37,5 horas semanales, así como el control horario de la jornada, que provoca rigidez y burocracia.

Propuestas: reforzar la gestión médica y el control de las incapacidades temporales, implicar a mutuas y empresas en la prevención, establecer programas de conciliación y flexibilidad y realizar un seguimiento sistemático con datos comparativos con la UE.

6. Innovación y digitalización

La productividad de las empresas catalanas, especialmente las pymes, continúa por debajo de la media europea debido a un uso limitado de tecnología avanzada y a una inversión insuficiente en I+D. Por otro lado, es necesario aprovechar la incorporación de tecnologías digitales avanzadas para mejorar eficiencia y competitividad tanto en la industria como en las pymes, y acelerar la adopción de herramientas de gestión (ERP, CRM, BI) y, especialmente, de inteligencia artificial para optimizar procesos y tomar decisiones basadas en datos.

Cataluña necesita reforzar la formación en competencias avanzadas, especialmente en inteligencia artificial, datos y ciberseguridad, ámbitos con alta demanda y déficit de profesionales. Al mismo tiempo, es preciso fortalecer proyectos conjuntos entre empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones públicas —por ejemplo, reforzando el apoyo a iniciativas como el DIH4CAT— o promoviendo más inversión en I+D+i.

7. Talento y formación

El mercado laboral sufre un desequilibrio causado por el desajuste entre competencias y necesidades empresariales, un desempleo juvenil elevado y el envejecimiento de la población, entre otros factores.

Propuestas: programas de reskilling y upskilling, refuerzo de la FP y la formación dual, mejora de las condiciones laborales para retener talento y atraer perfiles internacionales, e impulso de una orientación educativa más conectada con el tejido productivo.

8. Administración pública eficiente

Una administración ágil es clave para la productividad y la competitividad. Tanto en lo que se refiere a la administración pública como a la judicial, es necesario un cambio profundo para mejorar su eficiencia.

Propuestas: simplificación de trámites y eliminación de normativas que frenan la actividad, implantación mayoritaria del silencio administrativo positivo, uso ampliado de declaraciones responsables y establecimiento de mecanismos de coordinación sin generar nueva burocracia, desarrollando un plan de choque para reducir el colapso de la administración de Justicia, que dificulta el ejercicio real de los derechos y su protección.