- La patronal catalana denuncia que el Estado invirtió 1.321 millones de euros en Cataluña en 2025, menos de la mitad de lo que le correspondería por su peso en el PIB español.
- Foment insta al Govern y al Parlament a construir un acuerdo mayoritario entre las fuerzas políticas para que todos los recursos presupuestados y no ejecutados se transfieran a la Generalitat y se ponga fin al maltrato que sufre Cataluña en materia de infraestructuras.
- El grado de cumplimiento respecto a los presupuestos territorializados de 2023 prorrogados se situó, según los cálculos de Foment, en solo el 57,4% en el año 2025.
- Foment exige transferir los recursos y la gestión de las actuaciones a la Generalitat y reforzar de forma inmediata la capacidad técnica de la Administración del Estado en Cataluña.
Foment del Treball califica de intolerable e inadmisible el nivel de inversión real ejecutada por el Estado en Cataluña y denuncia que este incumplimiento reiterado está asfixiando la economía catalana, deteriorando los servicios públicos y actuando como un freno directo a la competitividad de las empresas.
Los últimos datos disponibles muestran que Cataluña recibió durante 2025 solo 1.321 millones de euros de inversión estatal territorializada, el 8,6% del total ejecutado en las comunidades autónomas. Esta proporción representa menos de la mitad del peso de Cataluña en el PIB español, que se sitúa en torno al 19%, y queda también muy lejos de su peso demográfico, cercano al 17%.
En el mismo periodo, la Comunidad de Madrid recibió 3.218 millones de euros, 2,4 veces más que Cataluña. Foment subraya que el problema no es la inversión que reciben otros territorios, sino la inversión que Cataluña deja de recibir sistemáticamente a pesar de su aportación decisiva a la economía española.
Un incumplimiento crónico, no un retraso puntual
La patronal catalana advierte de que estos datos no responden a una incidencia puntual, sino a un problema estructural que se arrastra desde hace años. Según los cálculos de Foment, si se compara la inversión efectivamente ejecutada con la consignación territorializada de los presupuestos de 2023 —prorrogados posteriormente—, el grado de cumplimiento fue del 44,6% en 2023, del 61,2% en 2024 y del 57,4% en 2025.
Por tanto, incluso en los ejercicios en los que se ha producido una cierta mejora en términos absolutos, el Estado continúa dejando sin ejecutar una parte muy significativa de los recursos comprometidos con Cataluña.
Foment considera especialmente grave que se siga presentando la inversión presupuestada como si fuera inversión real. Lo que determina la mejora de las infraestructuras, la movilidad de las personas y la competitividad de las empresas no son las partidas anunciadas, sino los proyectos aprobados, las obras licitadas y los recursos efectivamente ejecutados.
Un déficit acumulado de cerca de 50.000 millones de euros
La falta de ejecución ha contribuido a generar un déficit acumulado de inversión en infraestructuras en Cataluña de 49.543 millones de euros entre los años 2009 y 2025, según los estudios elaborados por Foment.
Este déficit se traduce en actuaciones estratégicas pendientes o ejecutadas con una lentitud incompatible con las necesidades económicas y sociales del país. Entre otros proyectos, quedan por ejecutar más de 5.000 millones de euros del Plan de Rodalies, cerca de 3.200 millones en actuaciones vinculadas al Aeropuerto de El Prat, unos 900 millones en infraestructuras hídricas y aproximadamente 2.000 millones en el desarrollo del Corredor Mediterráneo.
Esta situación perjudica la productividad, incrementa los costes empresariales, dificulta la movilidad cotidiana de miles de trabajadores y resta atractivo a Cataluña como destino de inversiones y de nuevos proyectos industriales.
Falta de capacidad técnica para ejecutar las inversiones
Foment alerta de que una de las causas del incumplimiento es la insuficiente dotación de personal técnico y de medios de determinados organismos de la Administración General del Estado en Cataluña.
Un ejemplo es la necesidad de recurrir a encomiendas de gestión para que la Generalitat asuma la proyección y la ejecución de actuaciones en carreteras estatales. Los compromisos anunciados para actuar en la AP-7, la N-260 y la N-II en el Maresme, con una inversión global cercana a los 1.000 millones de euros, todavía no se habían traducido, en junio de 2026, en las licitaciones de obra necesarias, según el seguimiento efectuado por Foment.
Una situación similar se ha producido en Adif, que ha tenido que reforzar provisionalmente los equipos destinados a Cataluña con personal procedente de otros territorios para afrontar las crisis de Rodalies y coordinar el volumen de obras pendientes.
La reorganización de los equipos responsables de proyectos como La Sagrera, el desdoblamiento de la R3 o el nudo de Montcada pone de manifiesto que el problema no es únicamente presupuestario, sino también de capacidad administrativa, planificación y gestión.
Solo en La Sagrera quedan todavía actuaciones por licitar por un importe aproximado de 1.200 millones de euros, a las que se suman los más de 5.000 millones pendientes del Plan de Rodalies.
Recursos y poner fin al maltrato en infraestructuras
Ante esta situación, Foment exige al Gobierno del Estado que adopte de forma inmediata una de las dos alternativas siguientes: dotar a los organismos estatales en Cataluña del personal técnico, los recursos y la capacidad de gestión necesarios para ejecutar las inversiones comprometidas, o bien transferir los recursos económicos y la gestión de las actuaciones a la Generalitat y a las administraciones catalanas competentes.
La patronal reclama también calendarios de ejecución vinculantes, mecanismos de seguimiento público y periódico y la asunción de responsabilidades ante los incumplimientos.
No es aceptable que las inversiones comprometidas queden atrapadas durante años en procesos administrativos, proyectos que no se licitan o actuaciones que avanzan a un ritmo absolutamente insuficiente.
Foment urge al conjunto de los representantes políticos catalanes y españoles a situar esta cuestión entre las máximas prioridades institucionales. Cataluña no necesita más anuncios ni nuevas promesas presupuestarias: necesita inversiones ejecutadas, infraestructuras en servicio y plazos que se cumplan.
La continuidad de este déficit inversor es insostenible, intolerable e inaceptable para una economía que aporta cerca de una quinta parte del PIB español.
Por este motivo, Foment insta al Govern y al Parlament a construir un acuerdo mayoritario entre las fuerzas políticas para que todos los recursos presupuestados y no ejecutados se transfieran a la Generalitat y se ponga fin al maltrato que sufre Cataluña en materia de infraestructuras.
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