- Josep Sánchez Llibre considera que la medida “vacía derechos y reduce el parque disponible”
- La patronal catalana alerta de la “socialización encubierta” de activos privados
Foment del Treball considera que la política de vivienda del Govern de la Generalitat es un atentado contra la propiedad privada. Prueba de ello es la aprobación ayer de la Ley de Adopción de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Urbanismo, que representa una muestra inaceptable e inasumible de intervencionismo. Parece que el Govern de la Generalitat y sus aliados parlamentarios (ERC, Comuns y CUP) quieran destruir un sector económico y, al mismo tiempo, colapsar totalmente el mercado de la vivienda generando una incapacidad absoluta para crear nueva oferta de pisos.
Foment del Treball alerta de que se trata de un deterioro sin precedentes de la seguridad jurídica y de un paso más en la degradación del ordenamiento legal. Para la patronal catalana, no es una medida técnica orientada a ampliar la oferta de vivienda, sino una norma punitiva e ideológica que acabará perjudicando, sobre todo, a las personas que buscan piso.
La patronal advierte que no se puede gobernar a golpe de prohibición ni convertir al propietario en el enemigo público para tapar décadas de ineficacia institucional. “Esto no es una regulación equilibrada: es una ofensiva que vacía derechos, alimenta la inseguridad jurídica y reduce el parque disponible”, ha señalado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre.
Un ataque al marco jurídico y a la unidad del régimen civil
Foment considera que la norma choca frontalmente con la legislación estatal, invade competencias exclusivas del Estado en materia de arrendamientos urbanos y rompe la unidad básica del régimen civil, con el consiguiente impacto sobre la estabilidad del mercado y la previsibilidad necesaria para invertir y poner viviendas en circulación.
Además, la patronal alerta de que la ley vulnera materialmente el derecho de propiedad. Recuerda que la función social no ampara su vaciamiento, ni la “socialización encubierta” de activos privados, ni la imposición de restricciones intensas sin ninguna compensación. “La Constitución no legitima la confiscación normativa ni el castigo ideológico al propietario”, remarca Foment.
Por otra parte, Foment advierte de que la regulación también puede entrar en colisión con el derecho de la Unión Europea, porque afecta la libertad de empresa, la libre circulación de capitales y el principio de seguridad jurídica. Según la patronal, Cataluña envía una señal nociva: trata la inversión —nacional y extranjera— como un adversario político, cuando en realidad es un elemento esencial para generar oferta y actividad económica.
Menos oferta, más riesgo, más economía sumergida
Lejos de aumentar la disponibilidad, Foment alerta de que la norma reducirá aún más la oferta. Cuando el riesgo regulatorio crece, muchos propietarios retiran viviendas del mercado, se tensan los precios, aumentan las exigencias y se dificulta el acceso, sobre todo para quienes tienen menos capacidad de competir. Para Foment, si hay más control y más prohibiciones, esto conlleva menos pisos disponibles y más opacidad: es una receta contra el acceso a la vivienda.
El presidente de Foment considera que la ley no resuelve la raíz del problema —la falta de oferta— y opera como una coartada para desviar el foco del fracaso de las políticas públicas: insuficiencia de vivienda social, trabas administrativas, bloqueo del suelo y déficit de planificación. “Es más fácil señalar a un colectivo que asumir décadas de inacción y decisiones equivocadas”, apunta el líder patronal.
Desde un punto de vista económico, Foment alerta de que el mensaje es inequívoco: Cataluña se convierte en un entorno imprevisible para invertir, tanto para grandes operadores como para pequeños ahorradores y familias. Convertir la inseguridad jurídica en política pública frena proyectos, encarece la financiación y desincentiva la puesta de viviendas en el mercado.
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