- El dictamen confirma las advertencias de Foment sobre la vulneración del derecho de propiedad, la libertad de empresa y la seguridad jurídica
- La patronal reclama al Govern que abandone el sesgo de extrema izquierda y la política de imposición y abra un diálogo real para incrementar la oferta de vivienda
- Foment se suma a la APCE y advierte de que no basta con retocar una propuesta que nace jurídica y políticamente viciada
Foment del Treball exige la retirada inmediata y urgente de la Proposición de ley destinada a restringir determinadas adquisiciones de vivienda en zonas de mercado residencial tensionado, tras el contundente dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. En este sentido, la patronal catalana se suma a las reclamaciones de la APCE y de las asociaciones de propietarios.
El dictamen del Consell, aprobado por unanimidad, confirma las graves objeciones que Foment ya formuló públicamente: la propuesta vulnera el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa y el principio de seguridad jurídica, invade competencias estatales y pretende alterar aspectos esenciales del derecho civil mediante una modificación de la legislación urbanística. La patronal catalana siempre ha defendido y siempre defenderá la propiedad privada frente a cualquier tipo de ataque.
Foment considera que el Govern no puede limitarse ahora a introducir retoques formales o a buscar una nueva fórmula jurídica para mantener intacta la misma voluntad intervencionista. Una propuesta que nace atacando derechos constitucionales, sin el consenso necesario y mediante una tramitación excepcional no debe maquillarse: debe retirarse. Sería deseable que el Govern abandonara posiciones de extrema izquierda y estuviera dispuesto a dialogar con los sectores implicados.
La patronal catalana recuerda que ya advirtió de que esta iniciativa no constituye una verdadera política de vivienda. No construye ninguna vivienda, no moviliza suelo, no acelera licencias, no facilita la rehabilitación ni genera incentivos para ampliar la oferta. Su única aportación es restringir el derecho de propiedad, someter las decisiones patrimoniales de los ciudadanos a la autorización administrativa y alimentar todavía más la inseguridad jurídica.
Foment rechaza que se criminalice cualquier adquisición que no coincida con el modelo de uso impuesto por el legislador. Comprar una vivienda para rehabilitarla, conservarla como patrimonio familiar, destinarla a los hijos o invertir legítimamente en ella no es una conducta ilícita ni especulativa: es el ejercicio de un derecho constitucional que los poderes públicos deben respetar y proteger. Y también habría que dejar de criminalizar a los propietarios, cuando la política de vivienda de los distintos gobiernos, además, ha sido un rotundo fracaso.
El dictamen también pone de manifiesto una forma de legislar que Foment considera profundamente equivocada. Una reforma estructural del derecho de propiedad no puede impulsarse como contrapartida de un acuerdo político, tramitarse por lectura única y aprobarse sin escuchar adecuadamente a los ayuntamientos, los operadores jurídicos, las organizaciones empresariales y los sectores directamente afectados.
El Govern ha sustituido el diálogo por la imposición y el rigor jurídico por la precipitación. Esta forma de actuar debilita la calidad institucional, deteriora la confianza y aleja la inversión necesaria para afrontar la emergencia residencial.
Foment reclama al Govern que abandone definitivamente esta iniciativa y convoque a los agentes económicos, sociales, profesionales y municipales para acordar una política de vivienda estable, rigurosa y efectiva. Cataluña necesita más oferta, más suelo disponible, menos burocracia, mayor agilidad administrativa y seguridad jurídica.
La crisis de la vivienda no se resolverá atacando la propiedad privada ni persiguiendo a los compradores. Se resolverá construyendo más viviendas, generando confianza y recuperando el diálogo, donde Foment del Treball siempre estará presente.
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