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En el marco de la de la indispensable y urgente reforma de las Administraciones.    Estamos frente a un doble y extraordinario reto: el controlar la crisis sanitaria, que se recrudece con un segundo rebrote de una intensidad inesperada y un horizonte de indeterminación temporal de sucesivas oleadas, y el reconducir los destrozos que ha provocado sobre nuestra economía y sociedad. Además, la pandemia agrava y evidencia, con toda crudeza, carencias que venimos arrastrando desde hace ya tiempo. Precisamente, el abordar dichas insuficiencias y disfunciones, animó la creación del Instituto de Estudios Estratégicos en marzo de 2019, y dio lugar a su primer documento Por un nuevo pacto social. Ante los retos del capitalismo y la democracia. Lo que, entonces, constituía un reto,  hoy resulta una exigencia ineludible.

ANTE UN INDISPENSABLE INCREMENTO DEL GASTO PÚBLICO
En este contexto, resulta imprescindible un mayor protagonismo de los poderes públicos, que se han visto forzados, desde el inicio de la pandemia, a asumir un gasto extraordinario para sostener la actividad económica y atender a los colectivos más vulnerables. A medida que se superen los momentos más críticos, su acción deberá orientarse a consolidar los sectores productivos estratégicos, y a dotar al conjunto del país de aquellos servicios públicos esenciales que requieren ser reforzados de manera estable. Así, en una primera fase, el gasto se ha soportado en una mayor deuda del Estado, mientras que el proceso de reconstrucción de los destrozos de la pandemia, que pronto iniciaremos, se articulará alrededor del fondo europeo Next Generation que, a su vez, también pretende contribuir a conformar un tejido productivo consistente y sostenible. Un reto enorme que demandará de una acción eficiente y coordinada entre los diversos niveles de las Administraciones Públicas, para responder a las exigencias de la Comisión Europea y para garantizar el gasto público en ámbitos como salud, educación, investigación y medio ambiente, que se han convertido en las palancas de cambio en el nuevo contexto. A su vez, el refuerzo de la protección social y la mejora en la dotación de infraestructuras, son prioridades que habrá que ir definiendo en función de las preferencias de la sociedad en el largo plazo.

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