- En un manifiesto conjunto, alertan de que la normativa comprometería el futuro de 1.700 estancos, 5.000 puestos de trabajo y la posición de Catalunya como hub industrial, logístico y comercial de productos alternativos del tabaco
- Las organizaciones impulsoras solicitarán reuniones con el Govern de la Generalitat y con los grupos del Parlament de Catalunya con el objetivo de que fuercen al Ejecutivo estatal a reconsiderar el actual planteamiento
El Gremi d’Estanquers de Catalunya, la Federació Catalana d’Estanquers y Foment del Treball han impulsado un manifiesto para exigir al Gobierno español que frene la modificación del Real Decreto 579/2017, que supondría, en la práctica, la prohibición de facto de los cigarrillos electrónicos y de las bolsas de nicotina. En este sentido, advierten de que esta norma, planteada sin consenso con el sector y al margen del debate parlamentario, tendría un grave impacto sobre la viabilidad de los estancos y de la industria.
Las organizaciones destacan el peso económico del sector en Catalunya, con más de 1.700 estancos y cerca de 5.000 puestos de trabajo directos. “La actual modificación del Real Decreto limitaría la capacidad de adaptación de los estancos hacia productos alternativos, reduciría su actividad económica y erosionaría la viabilidad futura de miles de autónomos y de pequeñas y medianas empresas, que en la mayoría de los casos son negocios familiares”, señalan en el manifiesto titulado «Por una regulación proporcionada y ordenada de los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina».
Además, remarcan que expulsar del canal regulado productos con alta demanda no eliminaría el consumo, sino que lo desplazaría hacia el mercado ilícito, con la consiguiente pérdida de control, trazabilidad y de las garantías que los estancos ofrecen a los consumidores y a los menores, así como un impacto directo sobre la recaudación pública en un ámbito que genera alrededor de 9.000 millones de euros anuales en España y que constituye una de las principales fuentes de ingresos dentro de los impuestos especiales.
En paralelo, las entidades firmantes destacan el papel de Catalunya como principal hub industrial, logístico y comercial de los productos alternativos del tabaco en España. En concreto, concentra el 80 % de la producción de líquidos para cigarrillos electrónicos, sustentada principalmente por autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Además, las organizaciones subrayan que el sector del vapeo genera cientos de millones de euros de valor añadido y miles de puestos de trabajo, con un potencial de inversión superior a los 1.500 millones de euros hasta 2030 y una aportación anual de más de 120 millones de euros a las arcas públicas. En el documento, denuncian que “una modificación repentina de las condiciones regulatorias desincentivaría nuevas inversiones y comprometería proyectos en curso”.
El manifiesto también pone el acento en que el planteamiento del Gobierno español puede generar un escenario de desorden regulatorio y de inseguridad jurídica al coincidir con otros procesos legislativos, como la reforma de la Ley 28/2005 y la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD3). En este contexto, las entidades mencionan la advertencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre posibles vulneraciones del principio de reserva de ley. Asimismo, apuntan que varios Estados miembros han formulado observaciones en el marco del procedimiento europeo TRIS, cuestionando la proporcionalidad y la coherencia de las medidas propuestas, así como su impacto sobre el funcionamiento del mercado.
Una representación de las organizaciones impulsoras solicitará, en los próximos días, reuniones con el Govern de la Generalitat y con los grupos del Parlament, a los que trasladará el manifiesto con el objetivo de alinear una posición institucional desde Cataluña que inste al Gobierno español a reconsiderar su planteamiento para lograr una regulación proporcionada y ordenada. Asimismo, piden preservar la red de estancos como instrumento de control y trazabilidad y garantizar la protección del tejido económico y de las inversiones realizadas y previstas.
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