- Josep Sánchez Llibre: “este déficit de inversión en infraestructuras es alarmante, profundamente indignante y absolutamente intolerable”
- Foment reclama una verdadera cultura inversora: planificar, licitar, ejecutar y mantener infraestructuras no es gasto, sino formación de capital con retorno económico, social y medioambiental
Foment del Treball ha presentado el informe El déficit de inversión en infraestructuras en Cataluña 2009-2025, que cuantifica la brecha acumulada de inversión en infraestructuras en el país a partir de la licitación anual de obra pública. Según el estudio, el déficit acumulado durante el periodo 2009-2025 alcanza los 49.543 millones de euros corrientes, una cifra que, expresada en euros constantes de 2025, se eleva hasta los 58.748 millones de euros. El informe sobre el déficit de inversión en infraestructuras lo presentan la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya y Foment del Treball desde el año 2019 (con datos de 2018) y se ha presentado públicamente en 2021, 2023, 2024 y este año, 2026. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha manifestado que “este déficit de inversión en infraestructuras es alarmante, profundamente indignante y absolutamente intolerable”. El líder patronal catalán ha subrayado que “invertir en infraestructuras no es gastar; es crear capital y competitividad”.
El informe utiliza la licitación anual de obra pública como indicador observable de “activación contractual”, es decir, del volumen de proyectos que entran efectivamente en fase de contratación. Esta metodología no mide la ejecución contable de un ejercicio concreto, pero permite disponer de una serie homogénea, sistemática y auditable sobre el ritmo de puesta en marcha de proyectos de infraestructura.
El estudio toma como referencia una intensidad inversora del 2,2% del PIB, de acuerdo con el valor observado en la Unión Europea bajo una definición sectorial explícita de infraestructura. A partir de este umbral, se calcula para cada ejercicio un objetivo anual de inversión y se compara con la licitación realmente registrada en Cataluña.
Los resultados muestran que, tras el nivel excepcional de 2009, cuando la licitación alcanzó los 5.737 millones de euros, equivalente al 2,8% del PIB, Cataluña ha mantenido durante la mayor parte del periodo unos niveles de licitación claramente inferiores al referente europeo. En 2025, por ejemplo, la licitación prevista se sitúa en 3.990 millones de euros, mientras que el objetivo equivalente al 2,2% del PIB sería de 7.365 millones, lo que genera un déficit anual de 3.375 millones de euros.
Una brecha sostenida, no una desviación puntual
Foment subraya que el déficit estimado no responde a un episodio coyuntural, sino a una trayectoria prolongada de baja activación contractual de infraestructuras. Entre 2011 y 2025, todos los ejercicios presentan un saldo negativo respecto al nivel de referencia del 2,2% del PIB. Esta insuficiencia acumulada explica que el saldo negativo haya pasado de 3.395 millones de euros en 2011 a 49.543 millones en 2025. Foment lamenta esta situación que considera una crisis institucional, ya sea por los incumplimientos o por la falta de transparencia, ya que la estadística de distribución territorial de la inversión pública ya no es accesible.
La expresión del déficit en euros constantes de 2025 es especialmente relevante porque aproxima, en valor actual, cuál sería el esfuerzo necesario para recuperar aquello que no se activó cuando correspondía. En este sentido, los 58.748 millones de euros constantes no solo describen una carencia pasada, sino también el coste presente de un retraso inversor acumulado.
El problema no es solo presupuestar: también es ejecutar
El informe pone de manifiesto que la brecha de inversión es coherente con otros indicadores de baja ejecución presupuestaria. En el periodo analizado, la Administración Central presenta en Cataluña un grado de ejecución acumulado del 59,5%, con 11.059 millones de euros de inversión no ejecutada. La Generalitat registra un grado de ejecución del 88,7%, con una inversión no ejecutada acumulada de 3.147 millones de euros.
Esta debilidad es especialmente visible en el ámbito ferroviario. Entre 2010 y 2023, ADIF solo ejecutó el 48,6% de la inversión presupuestada en Cataluña. Si se agregan ADIF y Renfe, el grado de ejecución acumulado se sitúa en el 50,3%.
En 2023, la inversión ejecutada por el Estado en Cataluña fue de 1.028 millones de euros, equivalente al 9,3% del total regionalizado, muy por debajo del peso de Cataluña en el PIB español, del 18,8%, y en población, del 16,5%. Ese mismo año, el grado de ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña fue del 44,6%, casi la mitad del grado de ejecución del total regionalizado, que alcanzó el 82,6%.
Sobre estos porcentajes, el vicepresidente de Foment del Treball y presidente de la Cambra de Contractistes d’Obres, Lluís Moreno, ha expuesto que “el Estado, históricamente, siempre ha sido el que ha tenido una ejecución más baja de los presupuestos, pero el último dato que tenemos es de 2023 porque ya dijo que no los volvería a territorializar”, y ha añadido su preocupación por la falta de “cultura inversora” por parte de los distintos gobiernos españoles.
Una cartera de actuaciones pendientes que da contenido al déficit
Foment señala que el déficit agregado no es una magnitud abstracta, sino que tiene una traducción directa en infraestructuras pendientes de ejecución. El informe vincula esta brecha con la persistencia de una extensa cartera de actuaciones prioritarias recogidas en el CAT-100, agrupadas en cinco grandes ámbitos: movilidad ferroviaria, seguridad vial e interconexión territorial, conectividad intercontinental, transporte ferroviario de mercancías y autoabastecimiento hídrico.
Entre las actuaciones prioritarias destacan el Plan de Rodalies, la nueva estación de La Sagrera, la remodelación de Sants, la duplicación de la R3, el tercer túnel ferroviario de Barcelona, la finalización de las líneas L9 y L10, la conexión del tranvía por la Diagonal, la B-40, el desdoblamiento de la C-55, la mejora de la C-12, la conexión de la alta velocidad con los aeropuertos de Girona, Reus y Barcelona-El Prat, el Corredor Mediterráneo, los accesos viarios y ferroviarios al Puerto de Barcelona, la terminal de La Llagosta, la ITAM Tordera II, la nueva ITAM Foix y la conexión de emergencia CAT-ATL.
Foment reclama una nueva gobernanza del ciclo inversor
La principal conclusión del informe es que el debate sobre infraestructuras en Cataluña no puede reducirse al volumen presupuestado en términos nominales. Según Foment, es necesario reforzar la gobernanza de todo el ciclo inversor: planificación plurianual, maduración técnica de los proyectos, priorización estratégica, licitación sostenida, ejecución efectiva y mantenimiento suficiente del capital existente.
La patronal catalana defiende que la inversión en infraestructuras no debe tratarse como un gasto corriente, sino como una formación de capital colectivo con retorno económico, social y medioambiental. No invertir también tiene un coste: en competitividad, productividad, fiabilidad de los servicios, cohesión territorial, sostenibilidad y calidad de vida.
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