- La patronal alerta de que el encarecimiento del gas y la electricidad pone en riesgo la continuidad de la actividad industrial y reclama un plan de choque al Gobierno español
- El sector químico del conjunto de España acumula un sobrecoste energético de 354 millones de euros hasta agosto, que podría acercarse a los 1.000 millones al cierre de 2026
- Foment advierte de que, sin una respuesta inmediata, podrían multiplicarse las paradas productivas, los cierres de plantas y los expedientes de regulación de empleo
Foment del Treball lanza un SOS por la industria ante una escalada de los costes energéticos que amenaza la competitividad, la producción y el empleo. La patronal catalana exige al Gobierno español medidas extraordinarias e inmediatas para frenar el deterioro del tejido industrial, especialmente en los sectores que dependen intensamente del gas y de la electricidad.
Los incrementos de la factura energética reducen los márgenes de las empresas, dificultan las inversiones y sitúan determinadas actividades ante decisiones que pueden resultar irreversibles. Foment considera inaceptable que la industria tenga que competir con otras economías europeas soportando una desventaja de costes que pone en cuestión la viabilidad de las instalaciones productivas.
Las tensiones geopolíticas en el golfo Pérsico han agravado la presión sobre los mercados. El precio del gas natural en el mercado europeo de referencia TTF pasó de los 32,4 euros/MWh de media en febrero a los 77,8 euros/MWh en septiembre, un aumento del 140%. En paralelo, el precio de la electricidad en el mercado mayorista español alcanzó los 142,7 euros/MWh en septiembre, más del doble que en el mismo mes de 2025.
El impacto es especialmente severo en la industria química del conjunto de España, así como en la textil, siderúrgica y otras. Según las estimaciones elaboradas en septiembre, el sobrecoste acumulado hasta el 31 de agosto era de 354 millones de euros: 215 millones por el gas y 139 millones por la electricidad. Si se mantienen las condiciones previstas, la factura adicional podría acercarse a los 1.000 millones de euros a finales de año. Son cifras de un sector concreto, pero ilustran la magnitud de la presión que soporta buena parte del tejido industrial.
La industria no puede seguir absorbiendo estos incrementos en un contexto de demanda débil y competencia internacional intensa. Los datos de comercio exterior del sector químico español del primer semestre ya mostraban una caída del 2,75% de las exportaciones y un aumento del 5,22% de las importaciones, antes de los episodios más agudos de la crisis energética.
Riesgo de cierres y pérdida de empleo
Foment advierte de que ya se están produciendo ajustes de carga y paradas puntuales en procesos industriales durante las horas de mayor coste energético. Si la escalada persiste, estas decisiones coyunturales pueden desembocar en reducciones permanentes de capacidad, cierres de plantas, deslocalizaciones y expedientes de regulación de empleo. No es solo una cuestión de resultados empresariales: están en juego puestos de trabajo cualificados, inversiones y el futuro industrial de territorios enteros.
La patronal subraya que perder industria significa también aumentar la dependencia de las importaciones y debilitar la autonomía estratégica europea. Resulta contradictorio defender la reindustrialización y promover la descarbonización de la industria mientras se mantienen unas condiciones energéticas que expulsan actividad productiva y frenarán las importantes inversiones destinadas a descarbonizar los sistemas de producción.
Un plan de choque sin más dilaciones
Foment reclama habilitar ayudas extraordinarias para compensar los sobrecostes del gas a las empresas gasintensivas, con mecanismos similares a los desplegados durante la crisis derivada de la invasión de Ucrania, y desarrollar un estatuto específico que aporte estabilidad a estos consumidores industriales.
En electricidad, exige elevar las compensaciones por los costes indirectos de CO₂ hasta el máximo permitido por la Unión Europea, entre 900 y 1.000 millones de euros, frente a los 600 millones presupuestados para 2026. Esto requiere una ampliación de 300 a 400 millones. También reclama hacer estructural la reducción del 80% de los peajes para los electrointensivos, revisar los costes de los servicios de ajuste, situar el impuesto especial sobre la electricidad en el mínimo comunitario y facilitar contratos de suministro a largo plazo.
La transición energética debe ser compatible con una industria viable, con un suministro seguro y precios asumibles. La competitividad industrial necesita decisiones concretas, presupuestos suficientes y un calendario de ejecución inmediato. No se trata solo de reducir la factura energética: se trata de evitar que la crisis de costes se convierta en una crisis industrial y de empleo.
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