- La patronal advierte del sobrecoste inasumible y de la rigidez que tendría que soportar el tejido empresarial
- Esta medida sería contraria al principio de libertad de organización empresarial
Pocas horas después de que el Congreso de los Diputados haya rechazado el Proyecto de Ley sobre la reducción de jornada, el Ministerio de Trabajo ha iniciado los trámites relativos al Proyecto de real decreto por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada, el cual se aprobaría sin iniciar un nuevo debate dentro del diálogo social ni en debate parlamentario. En el año 2019, precisamente, se introdujo un nuevo apartado en el Art.34 del Estatuto de los Trabajadores para incorporar la obligación de registrar el horario diario, lo que ya supuso cargas y rigideces para las empresas.
Ahora, nuevamente, y sin que concurra ningún elemento que lo justifique, se pretende un desarrollo reglamentario que comportaría un cambio profundo en la práctica del registro de jornada, con la adopción de un modelo rígido, uniforme y fuertemente digitalizado que sería una sobrecarga inasumible para las empresas, especialmente para las pymes y los autónomos.
Además, Foment quiere advertir que este desarrollo normativo no puede alterar el contenido esencial de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores en relación con el registro de la jornada, que en ningún caso determina ni lo limita a un sistema específico y exclusivo.
Si el objetivo de este desarrollo es imponer el registro digital como única vía, esto supondrá nuevamente costes para las empresas, que deben añadirse a los que ya vienen soportando en los últimos años, introducción de mayores rigideces, incremento de la conflictividad y un retroceso en la flexibilidad laboral tanto desde el punto de vista empresarial como de los trabajadores.
Limitarlo a medios digitales sería contrario al principio de libertad de organización empresarial y puede suponer una nueva ruptura del necesario equilibrio entre regulación y flexibilidad.
La patronal catalana prevé que, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, este nuevo desarrollo normativo no tendrá en cuenta los riesgos y los impactos reales que puede generar, tanto desde el punto de vista de los costes, acceso a la tecnología, ciberseguridad, protección de datos o competencias digitales de los trabajadores, entre otros elementos.
Las reformas deben facilitar una mejor adaptación del mercado de trabajo a las necesidades reales de producción y ampliar los márgenes de flexibilidad para las empresas. Pero lamentablemente, la tendencia normativa actual va en la dirección contraria. La creciente rigidez y la excesiva intervención frenan la eficiencia y limitan la capacidad de adaptación de las empresas. Esto afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y a los autónomos.
Las normas deben proporcionar seguridad jurídica en su aplicación, facilitar su cumplimiento en lugar de imponer cargas excesivas y poner en riesgo la viabilidad de las empresas.
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