- La patronal advierte que la redacción actual compromete la seguridad jurídica del procedimiento y desborda las capacidades de contraste administrativo
- Foment señala que el proyecto de modificación del Real Decreto presenta deficiencias en los mecanismos de verificación, control registral y coherencia normativa
Foment del Treball reafirma su apoyo al principio de regularización e integración de personas extranjeras impulsado por el Gobierno central, una medida que el tejido empresarial considera necesaria para garantizar el funcionamiento del mercado laboral y la continuidad de la actividad productiva. No obstante, la organización alerta de que la propuesta de modificación del Real Decreto 1155/2024 presentada por el Gobierno central no aporta las garantías jurídicas y operativas imprescindibles para un proceso seguro, ordenado y coherente con el marco legal vigente.
La versión actual del decreto suscita inquietud entre amplios sectores de la sociedad catalana, que ven con preocupación que elementos esenciales de control y verificación queden insuficientemente regulados. Entre las preocupaciones expresadas, es especialmente grave que la falta de antecedentes penales en el país de origen pueda acreditarse mediante una simple declaración responsable en algunos casos, un mecanismo que no garantiza la fiabilidad ni la trazabilidad de la información.
Desde Foment también se insiste en que hay que tener en cuenta los antecedentes policiales y no solo los penales, dado que puede haber casos en los que todavía no se haya dictado sentencia o no aparezcan formalmente como antecedentes penales. Además, existe consenso entre diversos sectores sociales en que los antecedentes policiales y las causas pendientes deberían comportar la suspensión del proceso hasta que la situación quede aclarada, tal como ocurre en otros procedimientos administrativos sensibles.
La patronal destaca que una regulación migratoria de este alcance debe estar libre de cualquier ambigüedad jurídica y plenamente alineada con la legislación orgánica.
La seguridad ciudadana y la seguridad jurídica tampoco quedan suficientemente garantizadas con los mecanismos previstos en el texto actual. Foment advierte de que la verificación de la información facilitada por los solicitantes debe ser exhaustiva y no puede depender de declaraciones unilaterales.
Riesgo operativo
A todo ello se añade un evidente riesgo operativo: una norma con vacíos y mecanismos débiles puede generar efectos no previstos ni deseados, incluido un posible efecto llamada, y saturar servicios administrativos y policiales que ya funcionan al límite de su capacidad. Para Foment, una política de regularización solo puede tener éxito si se aplica con rigor, previsión y criterios sólidos que garanticen un despliegue ordenado y seguro.
Ante esta situación, Foment del Treball reclama que la redacción definitiva del decreto sea profundamente revisada. El texto debe ser mucho más estricto, coherente con el Código Penal y la Ley de Extranjería, y debe eliminar cualquier elemento que pueda generar interpretaciones confusas. También debe incorporar procedimientos de verificación completos y fiables, asegurando que ninguna persona con antecedentes policiales o causas pendientes no resueltas pueda avanzar en el proceso hasta que su situación jurídica esté plenamente aclarada. Solo así se podrá garantizar un equilibrio adecuado entre el objetivo de integración social y las necesidades de seguridad y orden público.
Foment del Treball reitera su compromiso con una regularización que sea útil y positiva para el país, y que responda a las necesidades reales del mercado laboral sin comprometer la seguridad, la convivencia ni la confianza institucional. Una regularización sin garantías no aporta soluciones, sino riesgos; y una regulación robusta, clara y precisa es imprescindible para garantizar su éxito social, económico y jurídico.
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