- Foment recuerda que esta medida ha sido una reivindicación sostenida de la organización para garantizar un período de adaptación realista para pymes y profesionales autónomos
El Consell Territorial de la Pime y la Comisión de Autónomos de Foment del Treball valoran positivamente que el Consejo de Ministros haya aprobado una moratoria mínima de dos años en la entrada en vigor del sistema VeriFactu.
Esta decisión responde a una reivindicación formulada por Foment del Treball en los últimos meses, en el marco de reuniones con representantes institucionales y grupos parlamentarios, en las que se insistió en la necesidad de un plazo ampliado para evitar tensiones operativas y económicas sobre un tejido productivo integrado mayoritariamente por microempresas y autónomos.
Según el Consell Territorial de la Pime, la moratoria “permitirá afrontar el proceso de adaptación a la facturación electrónica de forma escalonada y coherente con la realidad de las empresas de menor dimensión”, asegurando que la digitalización se desarrolle sin riesgos para su viabilidad económica.
Por su parte, la Comisión de Autónomos subraya que el objetivo del sistema VeriFactu “no se cuestiona”, pero que su implantación debía ser flexible y acompasada, con apoyo técnico y económico suficiente para evitar que profesionales y microempresas quedasen en situación de desventaja competitiva.
En consecuencia, Foment insta al Gobierno a activar lo antes posible los instrumentos necesarios para que la moratoria tenga efectos inmediatos y se desarrolle un plan de apoyo específico, que incluya:
- programas de formación y capacitación digital orientados a pymes y autónomos;
- ayudas económicas para la adaptación tecnológica;
- acompañamiento técnico para garantizar una transición ordenada;
- y mecanismos de reconocimiento o incentivos fiscales para las empresas que se adapten anticipadamente.
Finalmente, tanto el Consell Territorial de la Pime como la Comisión de Autónomos consideran que la aprobación de la moratoria representa “un avance significativo en la defensa de los intereses de un tejido empresarial que necesita regulaciones pensadas a partir de su realidad y capacidad de implementación”.
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