- La patronal considera que la norma no incrementa la oferta residencial, genera inseguridad jurídica al crear un precedente peligroso y sustituye las políticas de vivienda por un mayor intervencionismo administrativo.
- Foment critica que una reforma estructural del derecho de propiedad se tramite por la vía de un acuerdo presupuestario y reclama estabilidad normativa, diálogo y medidas efectivas para construir más viviendas.
Foment del Treball quiere manifestar su posición crítica frente a la Proposición de Ley de Modificación del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo, para la adopción de Medidas de Contención de la Especulación en las zonas de mercado residencial tensionado.
Foment quiere mostrar su posicionamiento en los siguientes puntos:
- La propia denominación de la ley anticipa su sesgo ideológico.
No habla de «medidas para facilitar el acceso a la vivienda», ni de «medidas para incrementar la oferta residencial», sino de «contención de la especulación», dando por supuesto que toda adquisición que no responda a los usos deseados o preferidos por el legislador constituye una forma de especulación. El título no describe objetivamente una realidad jurídica; incorpora ya un juicio político sobre la actividad de los ciudadanos.
- No es una política de vivienda; es una política de restricción de derechos.
Esta ley no construye una sola vivienda, no urbaniza un solo metro cuadrado de suelo, no incentiva la promoción ni amplía la oferta residencial. Lo único que hace es restringir el derecho de propiedad, limitar la libertad de los ciudadanos e incrementar el control administrativo sobre el patrimonio privado. Cuando una ley solo prohíbe y no resuelve el problema que dice combatir, no es una política de vivienda; es una política de restricción de derechos.
- La propiedad privada deja de ser un derecho para convertirse en una autorización o concesión administrativa.
La propuesta ya no se limita a regular el uso de las viviendas. Pretende decidir quién puede comprar, con qué finalidad, cuántas viviendas puede tener y qué uso deberá darles durante años. El derecho de propiedad deja de ser una libertad constitucional para convertirse en una facultad sometida a la aprobación previa del modelo de vida que el Gobierno considera aceptable.
- Se legisla contra una palabra, no contra un problema.
La denominada «compra especulativa» es un eslogan político, no una categoría jurídica. La ley utiliza un concepto indeterminado para justificar una de las mayores restricciones del derecho de propiedad de los últimos años. Cuando el derecho se construye sobre etiquetas ideológicas en lugar de conceptos jurídicos precisos, desaparecen la seguridad jurídica y la previsibilidad que exige un Estado de derecho.
- La peor política de vivienda es la que genera inseguridad jurídica.
Las viviendas no aparecen por decreto. Se construyen cuando existe confianza, estabilidad normativa y seguridad jurídica. Esta ley conseguirá exactamente lo contrario: retrasará inversiones, paralizará operaciones y reducirá todavía más la oferta. La incertidumbre jurídica, que durará hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie anulando la ley, es una de las formas más eficaces de destruir vivienda sin prohibir formalmente su construcción.
Cuando los propietarios, promotores, inversores y familias desconocen cuál será el régimen jurídico vigente dentro de dos o tres años, la consecuencia inevitable es el aplazamiento de decisiones de inversión, la reducción de la oferta y la paralización del mercado. La inseguridad jurídica es una de las formas más eficaces de destruir confianza sin necesidad de prohibir expresamente nada.
Cada gran crisis obliga a los gobiernos a elegir entre dos vías: generar confianza para que la sociedad produzca más vivienda, o aumentar el control sobre los derechos de los ciudadanos. Esta proposición elige la segunda.
Comprar una vivienda para rehabilitarla, reservarla para los hijos, conservarla como patrimonio familiar o invertir legítimamente en ella no es especular. Es ejercer un derecho constitucional. La norma parte de una criminalización de cualquier decisión patrimonial que no coincida con el modelo ideológico de sus promotores.
- El problema no es solo la ley; es la manera de legislar.
Las grandes reformas del derecho de propiedad no pueden nacer de un acuerdo presupuestario de un año, tramitarse por lectura única y aprobarse sin escuchar a los ayuntamientos, las universidades, las corporaciones de derecho público, los operadores jurídicos y los sectores afectados. Cuando se degrada el procedimiento legislativo, también se degrada la calidad de la democracia. Se afecta estructuralmente el derecho de propiedad a cambio de un acuerdo para aprobar el presupuesto de un año.
Si hoy se acepta que una reforma estructural del derecho de propiedad puede aprobarse por la vía de un acuerdo presupuestario y mediante un procedimiento excepcional, mañana cualquier otro derecho podrá ser objeto del mismo tratamiento.
- La norma abandona un principio básico de nuestro ordenamiento: la libertad es la regla y la prohibición la excepción.
Aquí ocurre exactamente lo contrario. Se presume que toda adquisición es potencialmente especulativa y solo se considera legítima cuando se ajusta a los fines previamente autorizados por el legislador. No es el ciudadano quien disfruta de un derecho que puede ser limitado en casos excepcionales; es la Administración quien decide qué proyectos de vida merecen protección jurídica.
- Cuando las excepciones se convierten en norma, las instituciones se debilitan.
La lectura única fue concebida para iniciativas simples o ampliamente consensuadas. Utilizarla para reformar uno de los derechos constitucionales más relevantes significa convertir una excepción reglamentaria en un mecanismo habitual para reducir el debate parlamentario. Las democracias no se deterioran solo por el contenido de las leyes, sino también por la forma en que se aprueban.
- La crisis de la vivienda no se resuelve persiguiendo a los compradores, sino construyendo viviendas.
El verdadero problema de Cataluña no es que haya demasiados inversores. El problema es que durante años se ha construido demasiado poco, se ha urbanizado demasiado poco y se han acumulado trabas administrativas que han reducido la oferta. Esta ley no afronta ninguna de estas causas. Prefiere señalar culpables antes que resolver el problema.
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